Fue suspendida la instancia judicial por la causa del asesinato del médico Vladimir Roslik.

La defensa de los 7 imputados, vinculados al Batallon 9o de infantería de Fray Bentos, donde murió el médico de San Javier, el 16 de abril de 1984, presentó un recurso de incidente de acción y además recusaron a la ministra Bernadette Minvielle.

Ahora, el tema vuelve a consideración de la Suprema Corte de Justicia, que previamente debe resolver su nueva integración ante el cese del cargo del ministro Tosi.

Esto, además, puede variar la posición de la Suprema Corte de Justicia, sobre tres artículos de la Ley 18.026 que refiere a la Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Uruguay ratificó por ley Nº 17.510 de junio de 2002 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y esto permitió al fiscal Perciballe, especializado en crímenes de lesa humanidad, avanzar en la causa de Roslik.

Esta viernes en Fray Bentos, tenía previsto solicitar la imputación de Oscar Rocca, Abel Pérez, Roberto Ramírez, Dardo Ivo Morales, Sergio Caubarrere, Jorge Soloviy y el médico Eduardo Saiz.

Al militar en situación de retiro, Dardo Ivo Morales, señalado por la justicia militar como interrogador de Roslik, estaba previsto que se le imputaran reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves en calidad de autor; los mismos delitos que se le imputan a Sergio Caubarrere, quien fue condenado por este caso a cuatro meses y 18 días de prisión por los delitos de abuso de autoridad y homicidio culpable por la justicia militar.

Al médico Eduardo Saiz, quien estuvo en el interrogatorio y declaró que Roslik falleció por muerte natural, se le imputan reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad. Con respecto al resto de las personas, se piden delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, en calidad de autores y coautores.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivó el caso Roslik pero planteó la posibilidad de que la Fiscalía inicie una nueva investigación por el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en caso de que surgieran elementos nuevos y que no hayan considerados en la investigación anterior.