Con el propósito de “profundizar la descentralización política” en Uruguay, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley que, entre otras cosas, plantea reducir el número de integrantes de las juntas departamentales, establecer un marco de mayor transparencia en la gestión y suprimir el sistema actual de elección de los alcaldes mediante el voto directo de la ciudadanía.

Los cambios, que todavía están en etapa de estudio, se dan a 10 años de que la primera administración de Tabaré Vázquez enviara al Parlamento una iniciativa de descentralización y participación política, que finalmente fue aprobada en setiembre de 2009. Esa ley creó los municipios departamentales configurando un tercer nivel de gobierno.

Ahora el Poder Ejecutivo elabora un nuevo proyecto que profundiza en ese camino. Ya tiene pronto un borrador con siete propuestas que modifican el “alcance de la municipalización”, fomentan el “funcionamiento colectivo y la participación ciudadana”, dan un “mayor equilibrio al sistema de distribución de competencias y ejecución del gasto”, introducen normas de transparencia en gestión, a la vez que ajustan el número de integrantes de las juntas departamentales ante los “nuevos desafíos y realidades”, según consta en un documento de trabajo de Presidencia de la República al que accedió Búsqueda.

El cambio en la integración de las juntas tiene el objetivo de adecuar la “representatividad de sus miembros” y adaptarla a las “nuevas características de la estructura de gobierno en los departamentos, atribuyéndoles mayores roles de contralor”, señala. Una fuente oficial acotó que eso, en algunos casos, supone reducir la cantidad de ediles desde los 31 actuales.

También se evalúa proponer cambios a la forma de elección de los alcaldes. Actualmente acceden a los cargos por votación directa por la población; el Poder Ejecutivo considera proponer que la elección del alcalde y su eventual remoción esté en manos de los integrantes de los Consejos Municipales.

Otra de las medidas que planifica el gobierno en el proyecto de ley es asegurar a los municipios una “efectiva disposición de los recursos transferidos”, estableciendo para ello reglas que mejoren el gasto.

También se analiza la posibilidad de dar “mayor equilibrio” al sistema de distribución de competencias entre las intendencias y los Concejos Municipales.

Asimismo, se considera obligar a los municipios a que confeccionen un plan quinquenal de desarrollo para determinar proyectos y metas.

El Poder Ejecutivo entiende que es necesario aumentar el alcance de la municipalización. La idea es hacer obligatoria la creación de municipios en localidades de más de 1.000 habitantes para, de esta manera, “cubrir la mayoría del territorio nacional”. Según la ley vigente, el límite actual es el doble de esa cantidad.

Según datos que maneja el Poder Ejecutivo, en 10 años se conformaron 112 municipios que abarcan el 31% de la superficie del territorio nacional y en los que vive el 73% de la población. En 2017, el gobierno central transfirió $ 1.008 millones para financiar la gestión de los municipios.

Otra medida apunta a aprobar normas de transparencia de la gestión departamental y municipal que blinden a las instituciones contra “conflictos de intereses” y establezcan medidas de transparencia activa y publicidad.

El proyecto en el que trabaja el Ejecutivo será la base de una discusión frente a la cual es “consciente que las opiniones sobre el proceso, sobre la ley y sobre las necesidades de modificarla son disímiles dentro de la mayoría de los partidos políticos y aun dentro de sus agrupaciones”, indica el documento.

El 1º de marzo de 2015, el día que asumió su segunda presidencia, Vázquez anunció que la descentralización política tendría un “nuevo impulso” para fomentar la participación ciudadana en todos sus niveles. “La transferencia del poder político de gestión y financiera es imprescindible para su concreción”, dijo entonces el mandatario.

Fuente Búsqueda.