Tener años, haber vivido cosas, ser testigo vivencial del pasado reciente permite mejorar la calidad de análisis, o por lo menos, creer que eso es así. En definitiva, lo subjetivo, los prejuicios, pueden contaminar cualquier escenario. De hecho, así sucede con todas las cosas. En mi caso además, durante buena parte de mi vida fui funcionario del BPS, me ha tocado pasar por diferentes sistemas y leyes, conocer el reclamo sincero y honesto de la población, así como hoy me toca intentar encontrar soluciones a dichos reclamos. Como quien dice, conozco los dos lados de ese complejo mostrador que se llama “seguridad social”.

Los años también tienen esa característica dual, los escondemos o los utilizamos para fortalecer nuestra pretendida razón. El primer Gobierno post- dictadura planteó a la sociedad un sinfín de situaciones muy complejas que urgía resolver, primero y fundamental, la reinstitucionalización del país, las garantías democráticas, los derechos humanos, la reparación a miles de compatriotas que fueron afectados; pero también cuestiones sociales, pugnas distributivas, etc.


En este marco, los pasivos dieron duras batallas ante el Poder Ejecutivo que utilizaba herramientas de ajuste que siempre deprimían los ingresos.

Recordamos, entre otros, la gran lucha que libró el Representante Nacional Dr. Lorenzo Ríos, enfrentando las políticas regresivas para el sector de los pasivos en el período 1985-1990. Tal fue el impacto que los damnificados hicieron una gran “patriada” que finalizó, en la elección del año 1989, con la aprobación de un plebiscito que dio rango constitucional al aumento de las pasividades y ahí, una tensión mal administrada por la clase política de entonces, generó una situación de tranquilidad, pues indefinidamente desde entonces, los ajustes se aplican por el Índice Medio de Salarios; pero para el Estado significó atarse de manos porque desde ese momento el porcentaje mínimo es igual para las pasividades menores y para todo el otro universo, altas y altísimas.

Eso es lo que fija la Constitución, no obstante es de reconocer que desde el año 2005 para acá, el gobierno siempre ha complementado los porcentajes en las pasividades mínimas con el otorgamiento de partidas mayores.

El impacto de la reforma del año ´89 sobre las arcas públicas fue notorio, el Directorio del Banco de Previsión Social que asumió en el año 1990, presidido por el Dr. Rodolfo Saldain, intentó durante cuatro años generar una modificación al sistema jubilatorio y pensionario que asegurara la sostenibilidad en el tiempo de la protección previsional a los uruguayos. En esa época era evidente y atravesaba a todos los partidos políticos, que el impacto de la reforma sobre las arcas públicas era importante, no obstante no se dieron las condiciones para un abordaje en sintonía de Política de Estado. El esfuerzo para un tratamiento en consenso fracasó.

El gobierno colorado del año ´95 con los votos de más de dos tercios del Parlamento legisló. La Ley 16.713 instaura un sistema mixto de seguridad social, muy a la uruguaya, donde existen tres tramos: uno de solidaridad intergeneracional, otro de ahorro individual y el tercero voluntario. La ley del ´95 obviamente fue condicionada por la situación de aquel entonces. Va de suyo que no planteó aumentar las tasas de reemplazo y determinar causales disminuyendo la edad, todo lo contrario, se introdujeron mecanismos para el cálculo del básico que privilegiaban los veinte años de mejores aportes o los diez últimos. Estas herramientas, para obtener el básico jubilatorio constituyen una señal ante la evasión. El sistema anterior, era una invitación a la sub- declaración, informalidad, y en definitiva a la evasión.

Los básicos salían de los últimos tres años de aporte, lo que significaba que quienes sabían cómo utilizar el sistema les bastaba con realizar aportes fuertes al final para mejorar la tasa de remplazo. La Ley 16.713 terminó con las jubilaciones de privilegio, levantó los topes jubilatorios e incorporó el primer esquema de cobertura de salud para los jubilados. Es de destacar el convenio entre el B.P.S y el P.N.U.D. que introdujo la Historia Laboral. Se sinceró el sistema.

No obstante hubo sectores, sobre todo los que se arrimaban a los cuarenta años de edad, que fueron perjudicados comparándolos con los que ya tenían cuarenta, conocidos hoy como cincuentones.

Hay algo que en el contexto histórico queda claro (si analizamos con rigor y objetividad) y es que se puede discutir hoy cómo reparar, porque hay condiciones para reparar. Condiciones que no las había en los ’90, cuando el sistema estaba absolutamente colapsado.

El Uruguay tiene, en números gruesos en el B.P.S 1.300.000 cotizantes y 800.000 pasividades. La doctrina más entendida sostiene que la relación mínima debería ser: 4 activos por 1 pasivo, Uruguay tiene menos de 1,7 activos por cada pasivo, sin dudas tenemos allí un problema que se llama estructural y que es demográfico, imposible de alterar a corto y mediano plazo.

Quizá la debilidad más grande de la Ley 16.713 y sus imperfecciones está en que no se la monitoreó y actualizó en los últimos veinte años con rigor y en la búsqueda de los consensos necesarios. Cuando seguimos diciendo las mismas cosas y negando la realidad durante veinte años, olvidamos que el Uruguay tiene un ahorro nacional del orden de los 15.000 millones de dólares, propiedad de los contribuyentes, no de las AFAP, que permiten independencia del sistema financiero internacional a la hora de financiar políticas públicas nacionales, a través de letras, bonos, fideicomisos, fondos de apoyo, infraestructura, etc. Hay que mirar en la integridad y complejidad del tema, no tironeando con los colectivos o individualismos.

El Estado uruguayo sigue contribuyendo fuertemente al B.P.S., pero no olvidemos que estos recursos también sostienen beneficios por los que no se tributa: asignaciones familiares, seguros por desempleo, pensiones no contributivas, prestaciones médicas (área de la salud), subsidios por enfermedad, por maternidad, prótesis, y varios más.

Esto no se soluciona desde la mirada sesgada y prejuiciosa de cada colectividad política. Hay que tomarla con realismo, rigor y talante de consenso. Comenzando por hacer un esfuerzo de comprender el actual sistema. Terminar con el facilismo de la estigmatización. Las condiciones necesarias son generar un ámbito amplio y calificado. No podemos permitirnos frente a un asunto tan complejo que involucra a la población toda y a todas las generaciones, abordarlo desde miradas prejuiciosas y hemipléjicas. Deben existir señales claras al conjunto de la población de que la mayor solidaridad intergeneracional es aportar para el retiro. Esto es cultural. Sincerar qué recursos tenemos para afectar al sostenimiento del sistema. La solidaridad intergeneracional no es de los jóvenes para los adultos y adultos mayores, también debe ser de éstos para el resto de las generaciones.

El problema de los sistemas de retiro laboral es tan complejo que buena parte del mundo lo está padeciendo hoy igual que nosotros, y aún no le han encontrado la solución. Por ejemplo, hoy en España la edad de jubilación es de 68 años y se está discutiendo si no tendrán que llevarla hasta los 70. Por eso es absolutamente necesario tomar el camino de reflexión y discusión amplia y calificada para evitarnos que en poco tiempo los cincuentones de hoy sean los cuarentones de mañana.

Debemos hacerlo afectando lo menos posible el futuro de los que dentro de algunos años tendrán que jubilarse. Lograr todo esto requiere inteligencia, trabajo y humildad de todas las partes.

-Tany Mendiondo-