El juez de Garantías y Transición N° 1, Mario Figueroa, dio lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y de la querella, de adoptar una medida cautelar con el objetivo de que cese el delito de contaminación que se genera por los vertidos de los efluentes del Parque Industrial a través de su planta de tratamiento que van a la Cañada Melgar.

El pedido fue fundado por el fiscal coordinador general, Lisandro Beherán, quien lo fundamentó en análisis químicos realizados en la planta y en la Cañada, donde todos los parámetros analizados están muy por encima (en algunos casos hasta triplicando el máximo admitido) de la normativa vigente. También el fiscal señaló como preocupante que se haya encontrado plomo en el efluente.

La querella asumida por el doctor Fabián Moreno Navarro adhirió al planteo de la fiscalía y ambos coincidieron en resaltar que se trata que se está dañando un derecho colectivo, pero también individual dado que hay vecinos claramente identificados que han manifestado diversos problemas de salud.

También ambos coincidieron en señalar que la medida cautelar debe disponerse para que se realice un monitoreo permanente y que en caso de encontrar contaminación, se clausure a la empresa responsable. Y en caso de que no se pueda determinar quién es el responsable, que directamente se clausure la planta de efluentes.

El doctor Darío Carrazza en representación de la Corporación del Desarrollo, ensayó una defensa en el sentido de que no se está ante el delito de contaminar, sino que la contaminación se produce por carencias de infraestructura. No negó que exista contaminación, pero concentró la responsabilidad en el gobierno provincial por la demora para realizar obras en esa materia.

A su vez, los abogados de la Municipalidad, Mariano Fiorotto y Martín Britos, coincidieron con Carrazza, aunque se diferenciaron al reconocer que se estaba frente a un problema histórico y que la actual gestión municipal está comprometida con las buenas prácticas ambientales. Y remarcaron que el Municipio no tiene potestades para monitorear, porque la ley le da ese rol a la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Escuchadas a todas las partes, el juez Figueroa adhirió al planteo de la fiscalía y la querella por estar frente a derechos colectivos lesionados. Aclaró que una cautelar es para protección y para evitar el peligro de mora en una solución.

Entendió que hay un compromiso social para solucionar esta problemática, pero también que hay que hacerse cargo de la historia.

Así, dispuso un monitoreo permanente a cargo de la Municipalidad y de la Provincia (el lunes será notificada la Secretaría de Ambiente), que la Corporación del Desarrollo colabore (como ella misma se ofreció) con esta orden judicial y en caso de encontrarse elementos contaminantes, se identifique quién los vertió y si no se puede lograr, que se cierre la planta. Los resultados de esos monitoreos deberán ser elevados al Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Diario El Argentino.