La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay expresa su más profundo rechazo a la decisión que la Suprema Corte de Justicia dio a conocer en el día de ayer, informando el cierre de varias Sedes judiciales del interior del país.
Los trabajadores judiciales, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2015, planteamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento los perjuicios que supondría para la población la no asignación de recursos al Poder Judicial.
Estas dificultades se han concretado y están afectando, con la decisión adoptada, a pobladores del interior profundo de nuestro país. Hoy, localidades del interior, ven recortados numerosos servicios públicos, a los que ahora se suma el cierre de oficinas judiciales.
Esto supone, que todas las acciones que demanden la presencia judicial implicarán para las personas el traslado a otras localidades para ejercer efectivamente sus derechos, lo que no siempre es posible por no contar con los medios necesarios.
Con esta decisión, se vulneran las garantías de las personas en el ejercicio de sus derechos, afectando en particular a los habitantes más alejados de los centros urbanos.
(*) Fotografía de diario El Observador