Desde este 1o de abril el pago de tributos nacionales a partir de unos $ 33.500 solo podrá realizarse por medios electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden. La medida forma parte del cronograma de cambios previstos a partir de la ley de Inclusión Financiera. La entrada en vigencia de este cambio había sido postergada en un par de oportunidades. 

La normativa exige que los tributos nacionales y sus devoluciones, así como los aportes a las instituciones de seguridad social se abonen a través de medios electrónicos (tarjeta de débito y/o crédito, transferencias bancarias o débitos automáticos), certificados de créditos emitidos por la Dirección General de Impositiva (DGI), o cheques diferidos cruzados no la orden. 

El cambio incluye todos los tributos que recauda DGI, el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección Nacional de Aduanas. No se verán afectados los tributos que recaudan los gobiernos departamentales. En relación a los montos, están excluidos de esta nueva modalidad los pagos por cantidades menores a 10 mil unidades indexadas (unos $ 33.500 a valores actuales), según dijo a El Observador el abogado sénior de Ferrere, Javier Domínguez.

"Por supuesto que quedan interrogantes, como por ejemplo qué sucede cuando un tercero paga tributos por cuenta de una empresa (por ejemplo el caso de firmas que entregan fondos a un despachante de aduanas, y este a su vez paga, entre otros gastos, tributos nacionales de esa empresa). En la medida que no exista reglamentación, existen interpretaciones que indican que la exigencia rige para ambos pagos, es decir cuando la empresa entrega los fondos al tercero, y rige también cuando el tercero abona los tributos de la empresa. De todos modos, son temas a discutir, y deberían estar previstos antes de la implementación", dijo a El Observador el experto Fernando Raggio de la consultora Ernst & Young Uruguay. 

Con estas disposiciones el Ministerio de Economía apunta a reducir costos de funcionamiento en el sistema de pagos y a mejorar en términos de eficiencia. También pretenden lograr un mayor nivel de formalización de la economía, en la medida que los instrumentos electrónicos contribuirán a reducir la evasión fiscal y el trabajo informal. A eso se suma el combate al lavado de activos, en la medida en que las operaciones con medios electrónicos de pago son trazables, y la mejora de las condiciones de seguridad, al reducirse el uso del dinero en efectivo.

Cambios pendientes

Todavía queda pendiente la entrada en vigencia de otros cambios en las formas de pago que prevé la ley de Inclusión Financiera y que estarán operativos a partir del 1° de junio de 2016.

Se trata de las restricciones para uso de efectivo para el pago de toda operación de enajenación de bienes cuyo importe total sea superior a 40 mil UI ($ 134 mil), y para el uso de cheques comunes que superen las 160 mil UI ($ 536 mil). 

También abarca la compra venta de inmuebles y vehículos motorizados cuyo monto supere las 40 mil UI ($ 134 mil) y que deberá hacerse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas. 

En un principio, se había estipulado que los cambios empezaran a aplicarse desde el 1° de diciembre pasado, pero el gobierno decidió aplazarlo hasta el 1° de junio del año próximo. Las empresas en general están preocupadas y consultan acerca de los plazos en que empezarán a regir las restricciones para abonar bienes y servicios, ya que esto implica un cambio en sus estructuras de pagos, según se había informado a El Observador desde Ferrere semanas atrás.

Los escribanos y las automotoras también siguen de cerca el calendario de la ley de inclusión y sus decretos. En el caso de los escribanos, deberán hacer ciertos controles en los negocios que se celebren sobre bienes inmuebles y automotores. 

Extraído de El Observador