El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, estableció la problemática como una prioridad de su gestión y anunció la creación de una unidad especializada a partir de la Ley que le otorga independencia del ministerio de Educación y Cultura.   

“Hemos definido como unas de las prioridades de la Fiscalía, investigar los delitos que se cometen en el ámbito rural l punto tal que hemos conformado con el ministerio del Interior, cinco grupos de trabajo  en la elaboración de protocolos de actuación: delitos contra la persona, contra la propiedad, casos de violencia de género, drogas y seguridad rural” indicó Díaz en Young.

“Estamos pensando ahora que se aprobó la Ley que crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado y tenemos la posibilidad de crear unidades centrales de apoyo a la labor de los fiscales, crear una unidad especializada en seguridad rural” anunció el fiscal.  

Ahora que en el medio rural se cometen delitos que antes quedaban circunscriptos a las ciudades, Díaz reconoció que la iniciativa es para atender a una población “que se siente más desprotegida por estar en distancias más grandes  y por eso es necesario atenderla  particularmente”.

“Además por un hecho que no es menor y tiene relación a la formación de jueces y fiscales que generalmente tienen su origen en la ciudad y desconocen muchas veces como funciona el medio rural. Si uno desconoce cómo funciona normalmente un negocio, difícilmente pueda detectar donde hay irregularidades. En ese sentido queda mucho trabajo de sensibilización y capacitación que estamos dispuestos a afrontar” sostuvo el Procurador General de la Nación.  

CÓDIGO. Ante el reclamo de penas más duras para quienes cometen este tipo de delitos, el Fiscal de Corte Jorge Díaz, entiende que es necesario “dejar de retocar el Código Penal y lo que hay que hacer es tener una visión global. Hay un montón de delitos que no deben ser más delitos y existen algunas conductas que seguramente habrá que  tipificarlas como delito. Probablemente haya que repensar todo el tema de agravantes” explicó Díaz que no es partidario de atender cada reclamo en forma separada “porque si empezamos a hacer modificaciones aisladas queda una legislación penal absolutamente incoherente, donde muchas veces se terminan castigando delitos contra la propiedad en forma mucho más gravosa que los delitos contra la persona y eso no parece ser muy razonable”.