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16 de December del 2024 a las 14:01 -
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Investigación de la fiscal Ana Martínez 

3 años y 6 meses de cárcel para tripulante del crucero Minerva.

Investigación de la fiscal Ana Martínez 

Se trata del caso de abuso sexual que se remonta a octubre del año pasado. El tripulante de origen filipino terminó aceptando un juicio abreviado, desestimando la instancia de juicio oral y público.  En el caso trabajo la fiscal Ana Martínez, titular del segundo turno de Fray Bentos.

El informe:
Se celebró audiencia de proceso abreviado por el caso del abuso sexual cuya investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Segundo turno y que acaeció en la madrugada del 29 de octubre en el buque SH Miverva que se encontraba entonces apostado en la ciudad de Fray Bentos.
La víctima de iniciales DDY (única mujer en la tripulación) mantenía una relación de amistad con el ahora condenado de iniciales HB.  
El día 28 de octubre de 2023 se celebró en el barco una fiesta de disfraces por Halloween a la cual asistió ella junto a otros compañeros pero no el condenado que estaba en horario laboral.  
Durante la madrugada del 29 próximo la 01:00 horas la víctima se lastimó el dedo en la puerta del baño y le envío mensajes de whatsapp a su amigo el condenado HB para que fuera a buscarla y la llevara a su camerino a lo cuál éste accedió.  
Fue allí en dónde se produjo el hecho forzándola éste a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.  
El condenado se encontraba desde el día 20 de mayo 2024 cumpliendo prisión preventiva por disposición del TAP 2 que revocó a instancias de la apelación fiscal la prisión domiciliaria dispuesta por el Sr Juez de Garantía. 
La audiencia del día de hoy se celebró en el Juzgado de Tercer Turno a cargo de la Dra Selva Siri y en el marco de un proceso abreviado se condenó a HB como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado a la pena de tres años y seis meses de penitenciaría, la inhabilitación el ejercicio de cargos públicos y privados que impliquen trato con niñas, niños y/adolescentes, la suspensión de los derechos inherentes a la patria potestad por el plazo de 10 años y la reparación patrimonial de la víctima prevista por la ley 19580.



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