El caso fue tramitado por el viejo Código Penal y la resolución involucró a dos funcionarias policiales que se hacían pasar por gestoras de DGI realizando declaraciones juradas de IRPF agregando datos falsos, lo que posibilitaba la generación de un crédito a favor del contribuyente, informó El País.
La Justicia recibió la denuncia de la DGI y tras la investigación, condenó a las mujeres como “autoras penalmente responsables de reiterados delitos de defraudación tributaria, a la pena de 24 meses de prisión, la que se cumplirá los primeros seis meses de prisión en arresto domiciliario nocturno y el saldo en régimen de libertad vigilada”. También recibieron la “suspensión de sus derechos políticos y de oficio y cargo público”.
Un alto jerarca de la jefatura de Policía de Río Negro, confirmó en Encarando la Mañana de radio Impacto, que se trata de dos funcionarias de esta dependencia.