La información generada en mayo del año 2015, a pocos meses de asumir la Presidencia el doctor Tabaré Vázquez, por un decreto que encomendó a la escribanía de gobierno liderar un grupo interinstitucional con el objetivo de relevar los inmuebles en desuso dentro de la Administración Central, arrojó resultados contundentes:

• la Presidencia de la República y los distintos Ministerios poseían 2.498 inmuebles o terrenos y que, en ese momento, 163 estaban abandonados o no tenían ningún tipo de uso.

Existe allí un trabajo pendiente -si existe, lo desconocemos- para especificar cuáles son los predios vacíos y cuáles tienen algún tipo de edificación, o sea, identificación y caracterización de cada uno, estado de títulos, y demás. En el año 2016, utilizamos la herramienta del pedido de informes no sólo para la Administración, sino para otros poderes del Estado, entes autónomos y servicios descentralizados, a efectos de conocer con certeza la situación relativa al tema en cada organismo.

Una primera convicción es que con las viviendas abandonadas del Estado no se resuelve el déficit habitacional. Nunca pensamos que así fuera, pero lo que debe preocuparnos es la señal que se da a la sociedad. Para mayor precisión, cabe señalar que en la ciudad capital de nuestro departamento, Fray Bentos, existen pruebas notorias de lo que pretendemos sostener. Por ejemplo, OSE tiene una vivienda en desuso -otrora sus oficinas principales- desde hace más de veinticinco años. Una antigua sede del Correo Uruguayo -no nos consta, pero debería pertenecer al patrimonio de Antel- también está en estado de abandono. En el presupuesto quinquenal vigente se autorizó a la Corte Electoral a enajenar la antigua sede, pero aún permanece en estado de abandono. El Poder Judicial posee bienes inmuebles que no usa, pero, por otro lado, alquila viviendas para funcionamiento de juzgados. Hace dos años, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca transfirió al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente un bien inmueble de techo de paja, muy precario, ubicado en la principal avenida, que hoy está en total abandono. A estos hechos puntuales, debemos agregar la existencia de viviendas de herencia yacente, tanto del Ministerio de Salud Pública como de ANEP, que son las más corrientes.

Estamos hablando de predios ubicados en la zona de mayores y mejores servicios de la ciudad.

Entendemos que es momento de enfrentar la situación, tomando al Estado como un todo y generando una especie de clearing de bienes inmuebles que dé señales claras de que la caridad bien entendida empieza por casa. Debemos terminar con los gastos de arrendamiento cuando existe la posibilidad de contar con bienes propios o destinar los predios que cuentan con los mejores servicios en nuestras ciudades para la construcción de viviendas con carácter social. No es intención hacer foco en el Estado y dejar en segundo plano las miles de vivienda y baldíos que el mercado privado y de lucro, mantiene exacerbado el derecho a la propiedad privada. También trabajamos en ello con un proyecto de ley que seguramente se aprobará en este período. Pero nuestra prioridad es comenzar por el dominio propio.

-Tany Mendiondo-